El ‘caso Garzón’ es sin duda asunto escabroso que merece ser tratado con la máxima atención. En los últimos tiempos, el clima político y social se ha visto sacudido por la polarización del debate, y, como si de un combate de boxeo se tratase, partidarios y detractores del juez se enfrentan en un rin que no conoce fronteras geográficas. Desde España hasta Argentina, desde las más altas esferas de la ONU hasta el último Premio Cervantes de las Letras.
Sin embargo, dentro del emponzoñamiento generalizado, sería conveniente tratar de desenmarañar el asunto en lo posible. Los medios de comunicación no pueden proceder como juez ni como parte, pero sí deben sacar a la luz lo que de verdadero hay en el caso. Porque en todo esto hay algunas cosas claras:
En primer lugar, parece evidente que la Ley de Amnistía del 77 que esgrimen Falange y Manos Limpias en su acusación no abarca los crímenes de lesa humanidad ni genocidio, por lo que, en ese supuesto, la culpabilidad de Garzón sería rechazada de plano. En segundo lugar (y esto es lo que ha conmocionado al planeta), no deja de resultar deshonroso que un partido franquista siente en el banquillo a un magistrado por esclarecer crímenes de la dictadura. Todos convenimos que es un salto cualitativo que Falange haya cambiado las pistolas por las querellas, pero encontramos abusivo un proceso en el que se exige a un juez que demuestre lo que la Justicia establece que ha de presumirse: la inocencia. En tercer lugar, produce sorpresa la indignación de los miembros del Poder Judicial ante los ataques vertidos contra la institución. Los encargados de impartir justicia deberían conocer mejor que nadie que, en democracia, ninguna autoridad está blindada contra la libertad de expresión. Si, además, el juez Varela asiste a la acusación y el encargado de admitir a trámite la denuncia contra Garzón es un frecuente colaborador de la revista del Valle de los Caídos, es comprensible que las sospechas y quejas se acentúen. En cuarto lugar, no parece ignominioso, crispante ni fratricida el intento de dar a los represaliados por el fascismo un entierro digno. No se trata de juzgar a los responsables del régimen, entre otras cosas porque están muertos. No se pretende un proceso como el abierto contra Pinochet, porque Franco murió en la cama. No se persiguen unos juicios de Nuremberg a la española. Se trata, simplemente, de proporcionar una reparación moral a las víctimas y a sus familias.
Es, en definitiva, un procedimiento en absoluto violento que no hacía presagiar una reacción tan feroz en ciertos sectores. Por eso, clama el apoyo incondicional del PP al procesamiento de Garzón, que deja traslucir su intento desesperado por tapar Gürtell.
Sin embargo, dentro del emponzoñamiento generalizado, sería conveniente tratar de desenmarañar el asunto en lo posible. Los medios de comunicación no pueden proceder como juez ni como parte, pero sí deben sacar a la luz lo que de verdadero hay en el caso. Porque en todo esto hay algunas cosas claras:
En primer lugar, parece evidente que la Ley de Amnistía del 77 que esgrimen Falange y Manos Limpias en su acusación no abarca los crímenes de lesa humanidad ni genocidio, por lo que, en ese supuesto, la culpabilidad de Garzón sería rechazada de plano. En segundo lugar (y esto es lo que ha conmocionado al planeta), no deja de resultar deshonroso que un partido franquista siente en el banquillo a un magistrado por esclarecer crímenes de la dictadura. Todos convenimos que es un salto cualitativo que Falange haya cambiado las pistolas por las querellas, pero encontramos abusivo un proceso en el que se exige a un juez que demuestre lo que la Justicia establece que ha de presumirse: la inocencia. En tercer lugar, produce sorpresa la indignación de los miembros del Poder Judicial ante los ataques vertidos contra la institución. Los encargados de impartir justicia deberían conocer mejor que nadie que, en democracia, ninguna autoridad está blindada contra la libertad de expresión. Si, además, el juez Varela asiste a la acusación y el encargado de admitir a trámite la denuncia contra Garzón es un frecuente colaborador de la revista del Valle de los Caídos, es comprensible que las sospechas y quejas se acentúen. En cuarto lugar, no parece ignominioso, crispante ni fratricida el intento de dar a los represaliados por el fascismo un entierro digno. No se trata de juzgar a los responsables del régimen, entre otras cosas porque están muertos. No se pretende un proceso como el abierto contra Pinochet, porque Franco murió en la cama. No se persiguen unos juicios de Nuremberg a la española. Se trata, simplemente, de proporcionar una reparación moral a las víctimas y a sus familias.
Es, en definitiva, un procedimiento en absoluto violento que no hacía presagiar una reacción tan feroz en ciertos sectores. Por eso, clama el apoyo incondicional del PP al procesamiento de Garzón, que deja traslucir su intento desesperado por tapar Gürtell.
Aurora Nacarino-Brabo. Editorial
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